La Singularidad Desnuda

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Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Publicado por Carlos en diciembre 2, 2009

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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¿Qué pasa si un astronauta infringe la ley en el espacio?

Publicado por Carlos en noviembre 19, 2007

Desde el final de la Guerra Fría y de la superación del uso de los logros espaciales como herramienta propagandística, existe cada vez una mayor comprensión del hecho de que la exploración espacial es una empresa colaborativa, que requiere del trabajo conjunto de las diferentes agencias espaciales que en la actualidad operan. Pensemos por ejemplo en la Estación Espacial Internacional (ISS): hay siete países involucrados en el proyecto, y tanto la tripulación como los diferentes módulos que integran la estación proceden de diferentes lugares. Gracias a ello, desde noviembre de 2002 hay una presencia humana permanente en el espacio, y esto hace que haya que empezar a plantearse cuestiones que hasta ahora no se habían explorado. Por ejemplo, el régimen legal aplicable en el espacio. ¿Que pasaría si hay una pelea entre astronautas de diferentes países? ¿o si se produce una situación de acoso? ¿Cómo se manejarían las cuestiones de propiedad intelectual? …

Estación Espacial Internaciona

En el caso de la ISS existe un marco ético y legal bastante razonable al que se adhieren los participantes en el proyecto. Puede verse una descripción del mismo en un documento titulado

En el ámbito de la persecución criminal, la idea básica es que el estado cuya nacionalidad ostenta el presunto infractor tiene la prioridad para ejercer las acciones que correspondan. En este sentido es responsabilidad de cada país el dotarse de los medios legales para poder perseguir y juzgar a sus nacionales que cometan crímenes a bordo de una nave espacial (y pensándolo con perspectiva, en una hipotética estación de superficie en otro satélite o planeta). Esto no zanja la cuestión, ya que puede que un país no tenga la capacidad legal para perseguir a uno de sus astronautas por un delito de estas características, o que simplemente el hecho delictivo no esté tipificado en la legislación de dicho país. El estado víctima del delito puede entonces ejercer su propia jurisdicción, bajo la condición de que haya habido consultas con el estado de nacionalidad del astronauta presuntamente criminal, y de que dicho estado (obligado a atender dichas consultas) haya accedido a la cesión de jurisdicción, o haya desestimado ejercer la suya propia.

Este último aspecto no es baladí, si pensamos que algunos países que participan en la ISS admiten la pena de muerte (EE.UU., Japón, y Rusia). ¿Significa esto que un astronauta europeo, canadiense o brasileño podría ser sentenciado a muerte de acuerdo con, por ejemplo, la legislación estadounidense? Entramos aquí en situaciones hipotéticas y extremadamente improbables: muchos crímenes son imposibles de realizar a bordo de una nave espacial (e.g., atentar contra un jefe de estado), y resulta impensable que en casos donde un astronauta pueda haber cometido un delito de extrema gravedad el país de origen decida no ejercer su jurisdicción. Se trata en cualquier caso de circunstancias que son extremadamente improbables en este momento en el que las tripulaciones espaciales pasan todo tipo de exámenes psicológicos, aunque quizás en el futuro sí sean más relevantes si se populariza el turismo espacial, por poner un caso.

Los temas de propiedad intelectual son menos especulativos y quizás más importantes a corto plazo. En este caso, la norma para la ISS es que el registro de patentes se realiza en el estado que ostenta la titularidad del módulo de la estación en el que se hace el descubrimiento o invención. En cierto sentido, la convención usual de que las misiones diplomáticas se consideran técnicamente parte del país de origen se aplicaría a las naves espaciales, o a los módulos que la integran. Teóricamente podría haber un problema en el caso europeo, ya que no existe un estado como tal, aunque la normativa europea de patentes es homogénea en los diferentes países y en la práctica no habría problema.

Con todo y con esto, es interesante pensar qué pasará a medida que el viaje espacial sea cada vez más asequible, y haya más países involucrados. Es previsible que será necesario desarrollar una “Ley del Espacio”, tal como diferentes expertos han reclamado en una reciente conferencia organizada por la European Science Foundation y que ha tenido por título Humans in Outer Space – Interdisciplinary Odysseys. Hasta ahora lo más parecido a tal ley es el denominado “Tratado del Espacio Exterior“, técnicamente conocido como “Tratado sobre los principios que gobiernan las actividades de los estados en la exploración y uso del espacio exterior, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes”. Este tratado determina que no es posible establecer propiedad particular o estatal de los cuerpos celestes, pero sigue dejando sin aclarar cuestiones que a la larga pueden ser moneda común: ¿qué nacionalidad adquieren los nacidos en el espacio o en una hipotética base lunar? ¿Qué jurisdicción se aplicaría en una de dichas bases? ¿Qué límites existirían en el ejercicio subsidiario de la persecución criminal por parte de un estado diferente del infractor? Quizás se puedan aplicar muchas ideas del Derecho Marítimo, hasta el momento lo más parecido a la definición de un marco legal en terreno de nadie. Con suerte lo veremos.

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